Tiene juez 10 días para decidir situación jurídica de dueños ABC

Por Mónica Romero, enviada especial Hermosillo, Sonora.- El juez Primero de Distrito con sede en Hermosillo Sonora, Raúl Martínez Martínez, informó que tiene como plazo hasta el domingo 12 de julio para determinar si libra o no las órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la guardería ABC

En entrevista a W Radio informó que por el impacto social del caso éste se mantendrá en sigilo, informó que hasta el momento no ha estudiado las consignaciones que le envió la Procuraduría General de la República, pero dejó en claro que la ley le da un plazo de diez días para decidir si proceden las órdenes de aprehensión, cuando se trata de un delito no grave o culposo. En el caso de los graves, el plazo es de 24 horas. El juez Raúl Martínez se desempeña como juez Primero de Distrito en Hermosillo desde hace seis años, anteriormente era secretario de un Tribunal Colegiado en el estado de Puebla. Tiene 20 años de laborar en el poder judicial, fue quien le negó a la ex coordinadora zonal de guarderías del IMSS, Irma Díaz, la posibilidad de salir bajo fianza y hoy se encuentra bajo la lupa pues es quien determinará el futuro legal de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez dueños de la guardería ABC donde perdieron la vida 48 niños. Además decidirá qué sucederá con Marcelo Meouchi, representante legal de la estancia en el 2005, María Fernanda Camou, fundadora de la guardería, Cecilia Mendoza de Matiella, arrendadora del predio, José Manuel Matiella Urquides, representante actual del predio y Arturo Leyva Lizárraga, delegado general del IMSS en Sonora. El juez reconoció que existe la posibilidad de que estas personas no sean aprehendidas, explicó que si el Ministerio Público no sustentó con los suficientes elementos probatorios las consignaciones, él podría determinar la improcedencia de las órdenes de aprehensión

Detalló que el resultado del proceso puede ser distinto para cada uno de los nueve consignados, pues no tienen la misma responsabilidad en la tragedia del cinco de junio

El juez Primero de Distrito afirmó que la presión social en este caso ha influido en el desarrollo procesal del mismo

Por último, dejó en claro que la garantía de que los inculpados permanezcan en el país le corresponde únicamente a la Procuraduría General de la República. Dijo que una vez que tenga las nueve resoluciones las devolverá al Ministerio Público para que éste actúe conforme a lo que él, en su calidad de juez, dictamine para cada caso.