Detenciones arbitrarias, una ventana a otras violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional presenta informe sobre esta problemática generalizada en todo el país.
Detenciones arbitrarias, una ventana a otras violaciones de derechos humanos / Priscilla Hernández (FOTO: W Radio)
Por: Priscila Hernández Flores
En la mesa de la presentación del informe de Amnistía Internacional “Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México” hay una fotografía. Es la imagen con el rostro de Enrique Guerrero Aviña, un joven universitario, activista de derechos humanos que fue detenido arbitrariamente por policías federales que vestidos de civiles, sin identificarse lo detuvieron y torturaron en el 2013.
Enrique sigue preso en el Penal de Puente Grande. Su caso es el caso que da rostro a una práctica cotidiana en México: la detención arbitraria. Para documentar sobre esta problemática Amnistía Internacional realizó una investigación que incluye testimonios con víctimas, entrevistas con policías y agentes de seguridad.
El caso de Enrique Guerrero fue presentado por Lenica, integrante del Comité que lleva el mismo nombre del joven detenido injustamente y por el que organizaciones internacionales se han pronunciado como Amnistía Internacional.
“Las salvaguardias legales fundamentales denunciamos la detención arbitraria y reconocimiento a los protocolos de Estambul, hoy demandamos dignidad porque ante tanto, con nuestra vida, contra el derecho que tenemos de organizarnos, derecho a decidir que queremos vivir, violenta nuestros derechos sociales, civiles y ciudadanos”, explicó Lenica Morales que la detención arbitraria es una forma de criminalizar a los luchadores sociales.
El informe de Amnistía Internacional documentó casos en todo el país que confirman que la detención arbitraria es una práctica común y que incluso, los miembros del Poder Judicial no cuestionan las pruebas que presenta la policía, que esas pruebas fueron obtenidas violando los derechos humanos y violando el debido proceso.
“La primera de ellas es el rigor de la investigación y de las recomendaciones, la segunda es la manera en la que nos aproxima e interpela sobre la confianza ciudadana hacia las personas que operan el sistema de justicia penal, y la tercera aportación es que nos entrega evidencia empírica sobre la forma de actuación de las autoridades”, así detalló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Renueam Panszi, algunas de las principales aportaciones de este informe.
Por su parte, el abogado César Pérez del Centro para la Justicia y la Paz (CEPAD) denunció que “en nombre de la seguridad se justifican violaciones de derechos humanos”.
